"El decreto Maricarmen debe aprobarse este mismo martes". Con estas palabras resumían las portavozas de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Carme Arcarazo y Alicia del Río, la necesidad urgente y extrema de los actores políticos de reaccionar frente a la ola de indignación que se ha desatado en los últimos días, con la convocatoria de movilizaciones de miles de personas en 40 ciudades de todo el país. La rueda de prensa se ha celebrado horas antes de las protestas en Segovia, Albacete, Benidorm, Santander, Ciudad Real, Cáceres, Valladolid y Monforte de Lemos, y cuando apenas queda un día para la celebración de la manifestación "Ni una Maricarmen más", que saldrá de la madrileña Puerta del Sol este sábado a partir de las 18:30. En concreto, las portavozas han desglosado las medidas que dicho decreto debe incluir: (1) medidas estructurales para impedir los desahucios, (2) una reforma de la LAU para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, (3) la congelación de los precios actuales del alquiler, (4) la aprobación de prórrogas efectivas, y (5) la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos, como ya ocurre en países como Inglaterra. Asimismo, han instado a los partidos políticos a apoyar sin fisuras el Decreto Maricarmen y a los sindicatos laborales (CCOO y UGT) a convocar una huelga general por la vivienda y el coste de la vida si el decreto no sale adelante: "¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los partidos de verdad reaccionen? ¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los sindicatos laborales convoquen una huelga general?". Además, Arcarazo ha recalcado que, si estas medidas no pueden ser aprobadas, "no tiene sentido que este gobierno siga adelante". Paralelamente, estos días se celebra en Madrid la contracumbre internacional El Barrio, en la que 70 organizaciones de 24 países diferentes se dan cita para construir una verdadera coalición internacional contra el rentismo. El portavoz de la campaña por la expropiación a grandes tenedores en Berlín, Tobias Gralke, ha subrayado que "estamos observando, en todos los países, cómo los gobiernos pierden apoyo popular cuando no se atreven a solucionar la crisis de vivienda".
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