En medio de la huelga de alquileres más contundente que se ha organizado en Cataluña contra un único propietario, el Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona ha admitido a trámite la demanda colectiva interpuesta por el Sindicat de Llogateres y las inquilinas en huelga. Las huelguistas y demandantes son 61 familias de promociones de vivienda protegida en Sitges, Banyoles y Sentmenat que, desde abril, están reteniendo el pago del alquiler. En lugar de pagar la renta a La Caixa, la acumulan en un depósito común como forma de protesta y herramienta de presión para que la empresa propietaria se siente a negociar. En estos dos meses de huelga, se han retenido un total de 60.165,68 € al casero privado con más viviendas de Cataluña. Reclaman detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y que pasen a manos del Incasòl (Instituto catalán de suelo) para que sean públicas y protegidas para siempre. Además, exigen la retirada de las cláusulas abusivas (incluida la que carga el IBI a las inquilinas), acabar con los desahucios y procedimientos judiciales, la eliminación de sobreprecios impuestos y que se haga el mantenimiento pertinente de los edificios. Las vecinas y el Sindicat reclaman una negociación y reiteran su voluntad de pago cuando se den las condiciones. La respuesta de La Caixa, sin embargo, ha sido iniciar represalias, ya que el Departamento de Morosidad ha enviado a las inquilinas en huelga comunicaciones amenazantes (adjuntas abajo).
Redoblar la presión con una demanda colectiva que podría alcanzar cifras millonarias
La Caixa también ha recibido una respuesta: el Sindicat de Llogateres ha presentado una demanda colectiva en la que se reclaman 231.035,06 € cobrados indebidamente en concepto de IBI.
Se trata de una demanda colectiva presentada por el Sindicat en defensa de los intereses de las consumidoras y usuarias, en representación de sus afiliadas. Por un lado, se solicita que la cláusula que repercute el IBI a las inquilinas sea considerada una condición general de contratación en todos los contratos de alquiler de Inmocriteria en Cataluña y que sea declarada nula por vulnerar la normativa aplicable a la Vivienda de Protección Oficial, lo que afectaría a todas las inquilinas que viven en viviendas protegidas de esta propiedad. Por otro lado, se reclama la devolución, con intereses, de las cantidades cobradas indebidamente a cada una de las personas demandantes que se han adherido a la demanda (unos 3.700 € de media por persona), todas ellas afiliadas al Sindicat. La demanda se ha iniciado con las inquilinas en huelga, pero está abierta a todas las inquilinas de hasta 1.850 viviendas con contrato vigente con Inmocriteria en Cataluña, a quienes el Sindicat ya ha informado e invitado a sumarse, y podría alcanzar los 10 millones de euros. La combinación entre la cesación de cláusulas abusivas y la reclamación individualizada de cantidades por cada persona adherida es un elemento innovador de este caso, presentado por el Sindicat de Llogateres junto con Era Cooperativa. Esta no es la primera demanda que el Sindicat presenta contra La Caixa. Hace justo un año, junto al Col·lectiu Ronda, se presentó una demanda para lograr la nulidad de hasta 16 cláusulas abusivas en 1.700 contratos de alquiler, una reclamación que sigue su curso judicial. No se descarta impulsar nuevas acciones judiciales en el futuro contra las prácticas abusivas y fraudulentas de La Caixa y su entramado empresarial.
Una decena de ayuntamientos piden que el Incasòl compre los pisos y apoyan a las huelguistas
Los ayuntamientos de las promociones en huelga (Sentmenat, Sitges y Banyoles) ya han aprobado mociones municipales apoyando las reivindicaciones de las huelguistas y exigiendo que las viviendas pasen a manos del Incasòl para detener la privatización y los desalojos. También lo han hecho el Consell Comarcal del Garraf y los consistorios de Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y, en mayo, los de Olot (22 de mayo), L’Hospitalet de Llobregat (27 de mayo) y, previsiblemente, el de Barcelona (30 de mayo). Paralelamente, siguen organizándose actos de solidaridad y acciones en diversos municipios para visibilizar la huelga. El Sindicat de Llogateres está recogiendo aportaciones en una caja de resistencia conjunta con la Fundació COOP57, que servirá para cubrir los gastos de esta y futuras huelgas de alquiler. Además, el miércoles 4 de junio a las 12 h en la plaza de Sant Jaume presentaremos un manifiesto en defensa de la vivienda pública y en apoyo a la huelga de alquileres contra La Caixa, junto con las entidades y organizaciones firmantes.
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