Salou se convierte en el punto de partida de la primera huelga de alquileres tras el 23N. Desde el lunes 9 de diciembre, un total de 29 familias de promociones de viviendas de protección oficial gestionada por La Caixa (Inmocaixa) han iniciado una huelga de alquileres de dos meses, devolviendo el recibo de los dos últimos meses del año. A las 23 familias de Salou, que representan el 62% del total de inquilinas de la promoción, se suma un grupo de seis familias de la promoción de La Caixa ubicada en El Vendrell. El impago conjunto asciende a unos 20.000 €, y además se exige la devolución de los importes cobrados en concepto de IBI. Esta acción se produce tras una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal cobrar este impuesto a inquilinas de viviendas protegidas.
Las inquilinas denuncian que La Caixa ha cobrado más de 10 millones de euros en IBI solo en Cataluña y reclaman la retirada inmediata de esta cláusula abusiva, así como la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente. Además, exigen al futuro propietario de las promociones, el Incasòl, que garantice el fin de estas prácticas y tome medidas para proteger los derechos de las familias afectadas.
La huelga también se convoca en solidaridad con las promociones no adquiridas por el Incasòl y que todavía son gestionadas por Inmocriteria, donde persisten las acciones del banco para expulsar a las inquilinas.
Este mismo martes 10 de diciembre, las inquilinas de dos promociones de vivienda protegida en Sentmenat, también gestionadas por Inmocriteria, han celebrado una asamblea con la asistencia de unos sesenta inquilinos. En esta reunión se aprobó por amplia mayoría iniciar una huelga de alquileres el próximo mes de marzo. Desde esta semana, ya se están recogiendo adhesiones a la huelga entre el vecindario.
Con esta acción de desobediencia, reclaman la prórroga de los contratos de alquiler ya extinguidos y la retirada de los procedimientos judiciales abiertos para desalojar familias, además de la eliminación de cláusulas abusivas y sobreprecios para volver a los precios originales.
Cabe recordar que la Generalitat anunció este pasado verano la adquisición de 9 de las 38 promociones de vivienda protegida de La Caixa, pero las 27 restantes (como las dos de Sentmenat) quedarían abocadas a la pérdida de protección y a su entrada en el mercado libre. Por eso, el vecindario de estas promociones reclama también la adquisición de los bloques por parte de la Generalitat.
Entre los anuncios de Sánchez, Illa y Collboni, el Sindicat de Llogateres denuncia los abusos en la vivienda protegidaEste anuncio llega entre varios comunicados de los gobiernos de La Moncloa, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sobre la promoción de nuevas viviendas protegidas. Aunque no se conocen todos los detalles de las propuestas anunciadas, las declaraciones hasta ahora parecen apuntar a un modelo de HPO concertado. Un modelo diseñado para garantizar el lucro de los agentes privados, con un precio final de alquiler desorbitado que puede llegar a los 1.000 euros por 60m², incapaz de influir en la bajada de precios del mercado privado ni de garantizar el acceso universal a la vivienda.
El Sindicat de Llogateres presentó hace más de un año una campaña para denunciar el modelo fallido de HPO, que ha asegurado el beneficio privado con fondos públicos, y para acabar con los abusos de La Caixa en las viviendas que gestiona.
En más de una treintena de promociones se han acumulado estos agravios. Además, el modelo de vivienda protegida bajo el cual fueron construidas hace que, al cabo de unos años, pierdan su protección y se puedan gestionar de manera especulativa, a pesar de las ayudas millonarias que recibió La Caixa, que ascienden a 20 millones de euros sin contar los subsidios a los préstamos. Ya se han dado varios casos de expulsión de vecinos y vecinas y hay procedimientos judiciales abiertos para poder desalojar otras familias.
Esta lucha llevó al Sindicat de Llogateres a presentar la primera demanda colectiva en un caso de alquiler, contra un total de 16 cláusulas abusivas, después de más de dos años sin respuesta a las peticiones de las vecinas.
El Sindicat de Llogateres exige al Departamento de Territorio la adquisición de todas estas promociones, y con ello, la paralización de los procedimientos de desahucio, el realojamiento de las familias desahuciadas, la renovación automática de los contratos con precios adaptados a la capacidad económica de las familias y sin cláusulas abusivas, y el reconocimiento de los derechos colectivos de asociación y negociación por parte de las inquilinas.
El inicio de un movimiento huelguistaLa manifestación multitudinaria del 23 de noviembre puso en el horizonte la huelga de alquileres como acto de protesta y desobediencia frente a la situación actual de acceso a la vivienda. Estos son los primeros pasos de un movimiento huelguista que el Sindicat de Llogateres se propone extender a más bloques y municipios, en lo que ya se conoce popularmente como la revuelta de las llaves.
Otras promociones de Inmocriteria celebrarán asambleas en las próximas semanas para sumarse a la huelga, así como otras fincas con conflictos diversos que se están organizando actualmente.
El movimiento huelguista se está articulando y extendiendo a través de las brigadas inquilinas, equipos de miembros y simpatizantes del Sindicat que van puerta a puerta y finca a finca a hablar con inquilinas que viven en bloques de grandes propietarios y sufren abusos inmobiliarios. Esta misma tarde, el Sindicat tiene previsto visitar unas 500 viviendas en alquiler en toda Barcelona, y el sábado 14 se celebrará la II Escuela de Invierno del Sindicat, donde 150 personas recibirán formación sobre organización sindical y huelgas de alquiler.
El Sindicat de Llogateres hace un llamamiento general para defender el derecho a la vivienda: cualquier finca que quiera plantar cara a los abusos e intentos de expulsión por parte de la propiedad puede organizarse con el Sindicat y caminar hacia la huelga de alquileres.
