Las vecinas de los bloques de la calle Tribulete 7 (Lavapiés), Salvia 1 (Tetuán) y Boldano 5 (Ciudad Lineal) han convocado junto al Sindicato de Inquilinas una concentración en la calle Serrano 51, sede del fondo buitre Elix Rental Housing, para protestar contra la compra de sus viviendas por parte del mismo. Esta socimi, inversión de AltamarCAM y Claudio Aguirre centrada en la especulación a través de los alquileres, y que ya había comprado hace unos meses otros bloques en Chamberí y Canillejas, pretende echar a todas las vecinas para renovar los edificios y subir los alquileres desorbitadamente. Tras la desconvocatoria de su anterior junta de accionistas, que habría debido celebrarse el pasado lunes 15 de enero, los accionistas y directivos de la empresa se reunirán el 13 de febrero para votar la ampliación de su capital a través de la compra de estos tres edificios en Madrid y uno en Barcelona, situado en Pg. Vall d’Hebron 6. La estrategia de la socimi es idéntica para todos los bloques: propiciar cientos de desahucios de inquilinas a cambio de beneficios millonarios para unos pocos empresarios. Las vecinas organizadas de todos los bloques,convocan a toda la ciudadanía madrileña a concentrarse a la entrada de la junta para señalar a los culpables y exigir una negociación colectiva para todas las inquilinas. Actualmente, AltamarCAM está dirigida por Claudio Aguirre, primo de Esperanza, y José Luis Molina, antiguo vicepresidente de Lehman Brothers. Por otro lado, la socimi Elix Rental Housing, responsable de la compra de los inmuebles, está presidida por Fernando Olaso Echevarría. Por último, debemos señalar también a Elix, la gestora que ejecutará esta oleada de desahucios por todo Madrid, y que está dirigida por Teresa Marzo. AltamarCAM y su SOCIMI Elix Rental Housing II pretenden replicar el negocio que ya explotaron al máximo con su anterior proyecto Elix Vintage, a través del cual adquirieron 22 bloques en Madrid y Barcelona. Tras desahuciarlos enteros, un total de 421 viviendas, los renovaron y volvieron a vender a la aseguradora Allianz por un precio mucho más alto en menos de 5 años. Una técnica estrella de la especulación inmobiliaria que busca sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin importar el efecto que tiene en la vida de las vecinas expulsadas ni en los barrios gentrificados. La figura de la SOCIMI resulta clave en todo este proceso, ya que cuenta con unos beneficios fiscales escandalosos que fomentan la especulación sin límites al no tener que pagar impuestos sobre los beneficios adquiridos. Algo por lo que apuestan sin miramientos muchos accionistas sin escrúpulos, como la familia Polanco, que se enriqueció a costa de destrozar la vida de cientos de familias en el anterior ciclo especulativo de la empresa. Sin embargo, la SOCIMI y sus directivos no contaban con la organización inquilina y vecinal que lleva años gestándose en la ciudad contra la impunidad de la especulación inmobiliaria. Desde que recibieron el burofax de no renovación de contrato, las vecinas de Salvia 1, Boldano 5 y Tribulete 7 se han organizado a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid para dejar claro que no se irán de sus viviendas. Se han sumado a la campaña #NosQuedamos, que consiste en resistir en sus casas y exigir una negociación colectiva, con soluciones dignas para todas. Por ello, el pasado sábado se concentraron más de 1500 personas frente a las puertas del bloque Tribulete 7 mostrando a Elix que lo que pretendían que fuera una simple inversión, se convertirá en su peor pesadilla. Las estrategias del Sindicato han tenido efecto en el pasado contra grandes caseros como Néstar, Cerberus, Sareb o Blackstone, por lo que tienen claro que Elix no lo va a tener nada fácil a la hora de hacer negocios con la vida de la gente. La lucha inquilina ha demostrado ser la herramienta más eficaz ante los modelos lucrativos que alimentan proyectos como estos, por lo que las vecinas no van a parar hasta que el derecho a una vivienda digna esté protegido para todas a pesar de los intereses especulativos y rentistas que defienden tanto la patronal inmobiliaria como las instituciones públicas.
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