El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Finalmente, y a pesar de las presiones del Consejo General del Poder Judicial, que como ya denunciamos, se extralimitó en sus funciones e incumplió los plazos legales, el Gobierno ha aprobado el texto que inicialmente había planteado como anteproyecto. Cambios imprescindibles para una regulación de precios efectiva La medida estrella del texto aprobado por el Consejo de Ministros, la regulación de precios del alquiler, no convence en absoluto a los Sindicatos de Inquilinas, que consideramos que no sería efectiva para hacer bajar los precios de los alquileres. Concretamente, habría que generalizar los supuestos de bajada de precios a todos los arrendadores (no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más, como prevé el texto actual), incluir un régimen sancionador, hacer menos restrictivos los criterios para la declaración de zonas tensas, prever la aplicación inmediata (sin periodos de gracia) y garantizar la vigencia de la regulación catalana (Ley 11/2020). Además de esta medida, otros aspectos de la ley hacen que no tenga efectos relevantes para la garantía del derecho a la vivienda y, concretamente, las personas inquilinas. Meses antes, junto con decenas de entidades más, presentamos una iniciativa de ley de vivienda mucho más ambiciosa que fue presentada por algunos grupos parlamentarios y rechazada por el pleno del Congreso. Las organizaciones inquilinas detectan en el texto del gobierno español oportunidades desaprovechadas que es imprescindible que se incorporen antes de su aprobación definitiva. Concretamente, el documento que ha hecho público el Sindicato de Inquilinas propone repercutir honorarios de las inmobiliarias y los administradores de la propiedad siempre a la parte arrendadora (como ya pasa cuando estas son empresas), para mitigar las barreras de acceso al alquiler. Así mismo, con el objetivo de hacer del alquiler una opción segura y estable, reclaman incorporar en la ley contratos renovables automáticamente y unas actualizaciones de la renta limitadas al 2% (hay que recordar que el IPC disparado hasta un 6,7% está provocando actualmente subidas inasumibles del alquiler). Por otro lado, las enmiendas propuestas recogen el reconocimiento del papel de las organizaciones inquilinas, límites al alquiler turístico y la eliminación de beneficios fiscales como los de las SOCIMI. Desde los Sindicatos queremos dejar claro que si no se incorporan estos cambios no vale la pena aprobar esta ley. Ronda de contactos con el gobierno y los grupos parlamentarios Los Sindicatos de Inquilinas, ya dejamos claro la semana pasada a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la necesidad de hacer estos cambios en el texto legislativo antes de aprobarlo para conseguir una ley verdaderamente efectiva. Lo haremos también en una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el próximo día 11 de febrero. Así mismo, iniciaremos inmediatamente una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que hagan suyas las propuestas de las organizaciones inquilinas y condicionen la aprobación del proyecto de ley a la incorporación de estas enmiendas. Los sindicatos hacemos un llamamiento especial a todos los partidos que apoyaron la Iniciativa de ley de vivienda presentada por las entidades: ERC, EH Bildu, Juntos, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En común Podamos.
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