La aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros requiere contar con un informe, obligatorio pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la propuesta. Después de haberse anunciado un informe favorable, a pesar de objeciones parciales, por parte del CGPJ en los últimos días, el borrador ha sido tumbado por el pleno del órgano judicial. El Sindicat de Llogateres de Catalunya lamenta este nuevo obstáculo, que se suma a una larga acumulación de retrasos desde el inicio de la legislatura. El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de dos años y sus sectores nombrados por varios partidos están jugando a hacer un debate parlamentario previo cuando es en el Congreso de los Diputados y a sus grupos a quien corresponde hacer este debate. Concretamente, el PP está intentando ganar a través de jueces lo que teme perder en el Congreso. De hecho, la organización inquilina considera que se trata de valoraciones ideológicas contra la necesidad de regular los precios de los alquileres para garantizar el derecho a la vivienda. Además, hay que mencionar el absurdo que supone que los poderes judiciales se amparen en la descentralización de competencias para poner palos en las ruedas a una ley de garantía del derecho a la vivienda, mientras se han dedicado sistemáticamente a tumbar leyes catalanas en ésta y todas las materias con la excusa de que invadían competencias estatales. Por otro lado, conviene no olvidar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ emitirá los informes sobre los anteproyectos de ley en el plazo improrrogable de treinta días (art. 561.2). Un plazo que ya ha sido ya agotado. La propuesta de ley presenta medidas todavía insuficientes El contenido de esta ley incluye todavía medidas demasiado tímidas y plazos demasiado laxos para que sea una medida efectiva y contundente para la garantía del derecho a la vivienda y, en concreto, en la regulación de precios del alquiler. El Sindicat de Llogateres de Catalunya, junto con la decena de organizaciones que forman parte de la Iniciativa Ley Vivienda, presentó hace semanas alegaciones al anteproyecto de ley. Por ello, el debate parlamentario es urgente y necesario para poder hacer de este texto una ley que verdaderamente garantice el derecho a la vivienda. El Sindicat de Llogateres hace un llamamiento a todos los partidos que apoyaron la Iniciativa Ley Vivienda (ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En Comú Podem.) a conseguir en el debate parlamentario estos cambios en la ley propuesta por el gobierno. Es necesario y urgente regular los precios de los alquileres de forma decidida, como hizo el Parlament de Catalunya con la Ley 11/2020, con un régimen sancionador que garantice su cumplimiento y con topes y bajadas obligatorias para asegurar que se revierte la escalada de precios de los últimos años. El Bono Joven: una anécdota sin efectos y una distracción Desde los primeros anuncios sobre esta medida, el Sindicat de Llogateres ha criticado duramente el Bono Joven. Lo consideran, por un lado, mal orientado, puesto que las políticas de ayudas al alquiler acaban siendo una transferencia de dinero público a los arrendadores, como apuntan informes y experiencias internacionales. Además, sin una regulación de alquileres, estas ayudas podrían provocar incluso subidas en los precios. Por otro lado, las cifras que se presentan son irrisorias (el Consejo de la Juventud de España ha calculado que el bono llegará al 1,7% de los jóvenes emancipados) y los criterios, arbitrarios. En cualquier caso, es una medida oportunista que se anunciaba a bombo y platillo la semana en la que el CGPJ bloquea la regulación de precios del alquiler.
Cronología de un retraso constante Cabe recordar que éste es el último de una larga acumulación de retrasos en los compromisos del gobierno español, desde la firma del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el 30 de diciembre de 2019, que incluía medidas de contención de rentas para frenar las subidas abusivas del precio del alquiler. Con el pacto de presupuestos suscrito a finales de octubre de 2020 entre ambos partidos, se comprometían a aprobar un proyecto de ley para llevar al Congreso antes de tres meses. Tras incumplir este plazo, el entonces ministro José Luís Ábalos anunció que el anteproyecto estaría listo en febrero de 2021. Fue finalmente el 26 de octubre de 2021 cuando el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda. Unas semanas después, el 10 de diciembre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se comprometió a que antes de acabar el año, en la última reunión del Consejo de Ministros de 2021, la norma volvería a estar en el orden del día para quedar aprobada como proyecto de ley y ser enviada a las cortes para su tramitación. La fecha de esa reunión era el 28 de diciembre y, efectivamente, los compromisos de la ministra resultaron ser una inocentada. A la espera del informe del CGPJ, no se llevó la propuesta legislativa al primer Consejo de Ministros del año (10 de enero), a pesar de que si una vez aprobado el anteproyecto (el 26 de octubre) se hubiera remitido al CGPJ para que redactara su informe preceptivo, el plazo hubiera sido suficiente para poder aprobar el proyecto de ley antes de acabar el año. El retraso era evitable, pero la ministra lo atribuía a una acumulación de trabajo en los procedimientos. Ahora, tampoco se llevará a la reunión del próximo martes. El pleno del CGPJ ha designado a nuevos ponentes, cuyo calendario de trabajo no se conoce, pero que ya ha agotado el plazo legal que tenía el órgano para remitir su informe al ejecutivo.
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